Foto: Tony Hernández Mena
Convocada por las comisiones permanentes de trabajo de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, tuvo lugar este martes en el Capitolio Nacional la Audiencia Pública Parlamentaria «Cuba Vive en las Familias», en torno al proyecto de Código sometido a consulta por estos días.
Presidido por los miembros del Comité Central, Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, vicepresidenta y secretario del Parlamento cubano, respectivamente; así como por otras autoridades del Gobierno, este ejercicio confirmó, al decir de los participantes nacionales y extranjeros, el carácter de avanzada del proyecto, a tono con las tendencias más actuales del Derecho de las Familias y todo lo consagrado en los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Cuba es signataria.
El proyecto de Código, reiteró José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, no impone un modelo familiar, sino que reconoce y ampara a todos los existentes, sobre la base del respeto e igualdad, en concordancia con un Estado socialista como el nuestro, proclamado constitucionalmente de derecho y justicia social.
La primera en iniciar las intervenciones, la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, Académica de Número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, llamó la atención sobre la sustitución de «patria potestad» por responsabilidad parental, lo que se sustenta, entre otros asuntos, «en las atribuciones, facultades, responsabilidades, deberes y derechos de los padres y madres con sus hijos e hijas; pero de ningún modo potestades».
Foto: Tony Hernández Mena
Según Kemelmajer, «este proyecto concilia maravillosamente tres preceptos de la actual Constitución cubana: el respeto a la autonomía, la libertad y la solidaridad, ya sea con el reconocimiento de la autonomía progresiva de los niños o en el tratamiento de la gestación solidaria, que refuerza también el principio de igualdad y no discriminación».
Por su parte, Silvia Díaz Alabart, Catedrática Emérita de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, destacó el valor especial de la consulta popular que se lleva a cabo, pues «el Código resultante no será una ley impuesta, sino la que recoja el modo en que los cubanos entienden las relaciones familiares. Además, su contenido trasciende lo puramente jurídico para entrar en aspectos programáticos y didácticos que buscan alcanzar una sociedad mejor.
«Se trata de un proyecto muy valiente que asume el reto de abordar, por ejemplo, el entramado de derechos y obligaciones de los padres y madres afines, lo que lo convierte en una regulación muy pionera».
Como un referente obligado para Hispanoamérica lo consideró Neylia Abboud Castillo, profesora de Derecho Civil de la UAM en Managua, pues, a su juicio, sintetiza la madurez del pensamiento jurídico, desde un profundo enfoque humanista y multicultural, de respeto a la diferencia y a la dignidad de las personas.
Y en cuanto al principio de autonomía progresiva, específicamente, comentó que «el proyecto cubano lo aborda al menos en diez momentos y lo desarrolla en 25 artículos, y en todos la lógica es una: niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, y se debe escuchar su opinión, siempre con un criterio de ponderación y valorativo».
Del tema también disertaron Silvia Eugenia Fernández, especialista de Derecho de Familia y en Magistratura Judicial de Argentina; así como Cristian Lepin, profesor de Derecho de Familia de la Universidad de Chile; al tiempo que Esther Vicente, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, resaltó la sinergia del proyecto con la Carta Magna cubana de 2019.
Tanto el abogado italiano, Felipe de María, como María Berenice Díaz, vicepresidenta del Instituto Brasileño de Derecho de Familia, coincidieron en la total actualidad de la propuesta de norma y, en particular la segunda jurista, destacó el establecimiento de la igualdad absoluta entre hombres y mujeres en la distribución del término para la realización de las actividades domésticas, lo que es muy significativo para romper con el machismo estructural que aún se adueña de las sociedades en las que vivimos.
Monserrat Pereña Vicente, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos de España, hizo referencia al abordaje de la discapacidad en una normativa que, en su consideración, aúna prudencia, equilibrio y conocimiento de la realidad que debe proteger. Entretanto, Vincenzo Barba, catedrático de Derecho Civil de la Universidad Sapienza de Roma, ponderó el tratamiento al Derecho de Sucesiones.
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